Son pocos los peruanos que han sobresalido en su campo profesional y que, además, hayan ocupado importantes puestos políticos en el país. Felipe Osterling es uno de ellos. Como coautor del monumental Tratado de las Obligaciones –que comprende dieciséis tomos y cerca de dieciocho mil páginas de análisis, interpretación y comentarios sobre el Código Civil peruano– Osterling ha contribuido a enriquecer la literatura jurídica latinoamericana. Esta obra constituye una lectura obligatoria para todo estudioso del Derecho Civil. Además, en sus casi cincuenta años como catedrático ha tenido el privilegio de haber impartido conocimientos a varias generaciones de abogados.

Durante el tiempo que ocupo cargos políticos, le tocó afrontar momentos de difícil coyuntura en nuestra historia republicana, donde la institucionalidad y el estado de derecho corrieron peligro o fueron quebrantados por la dictadura y el autoritarismo. Fue en esos periodos críticos cuando sus credenciales democráticas salieron a relucir, ya sea restaurando el orden jurídico después de más de una década de gobierno militar, o defendiendo el parlamento después del autogolpe de 1992.

Cuando en junio de 1980 Felipe Osterling fue elegido por el presidente electo Fernando Belaúnde para que ocupara la cartera de Justicia—a propuesta del líder pepecista Luis Bedoya— antes de ocupar su cargo de ministro de estado tuvo que resolver uno de los principales atropellos del gobierno militar contra el orden democrático: la confiscación de los principales medios de comunicación escritos y de radiodifusión a sus legítimos propietarios.

La dificultad de esta tarea aumento de forma considerable debido a la premura del tiempo con que debía de resolverse. El presidente Belaúnde se había comprometido a “no dormir ni una noche en Palacio de Gobierno hasta que no se haya restaurado en el país la libertad de prensa”. Esta medida implicaba, necesariamente la restitución de los medios de comunicación a sus legítimos dueños. Las confiscaciones que realizó el gobierno militar estaban respaldadas por decretos leyes, que por su vigencia de mandato imperativo y obligatorio, no podían ser desconocidos o ignorados. Algunos asesores del presidente sostuvieron que estos decretos leyes podían ser anulados mediante decretos supremos, los cuales con su sola firma devolverían los medios de comunicación.

Soy testigo que la intervención de Osterling sobre este complicado asunto, y la solución que propuso, cuidaron tanto el fondo —la devolución de los medios ilegalmente confiscados a sus legítimos dueños— como la forma — el apego a sólidos principios jurídicos, así como el carácter restaurador y de respeto por el orden democrático del nuevo gobierno. Para empezar, un decreto ley no puede derogarse por una norma de rango inferior. Segundo, si se seguía el método de los decretos supremos para resolver la confiscación de los medios de comunicación, nada hubiese impedido usarlo de forma indiscriminada para los demás problemas de orden jurídico que formaron parte del legado del gobierno militar. De haber sido así, no hubiera tenido sentido la elección de un Congreso de la República y los diputados y senadores se hubieran sentido menoscabados por el Poder Ejecutivo.

En menos de una semana y luchando contra el reloj, Osterling —junto a un equipo de destacados juristas — ideó una solución brillante y la vez sencilla. Se usaron las mismas leyes de la dictadura militar para restituir la propiedad privada y la libertad de prensa. El gobierno, democráticamente elegido, aplicando los decretos leyes vigentes, nombraría los legítimos dueños, o personas designadas por ellos, como los nuevos directores y gerentes de sus respectivos medios de comunicación. Después que el Congreso iniciara sus sesiones y apruebe los instrumentos legales apropiados, se procedería a la restitución de derechos y compensaciones producto de la confiscación. Está fórmula preservaba el orden jurídico y no causaba intromisión por parte del Ejecutivo en las tareas del parlamento.

Elaborados los textos, fueron firmados por el presidente y sus ministros en la sesión de Consejo hecha inmediatamente después de la toma de mando y las juramentaciones del 28 de julio. De esta forma, el presidente Belaúnde pudo ver cumplida su promesa.

Como Ministro de Justicia, Felipe Osterling tuvo que dirigir brevemente el Ministerio de Relaciones Exteriores durante la crisis del Falso Paquisha en enero de 1981. El entonces canciller Javier Arias Stella tuvo que viajar de forma urgente a Washington para evitar que en el seno de la OEA se adoptase alguna disposición sobre el conflicto, ya que la resolución de algún diferendo o disputa entre el Perú y Ecuador correspondía exclusivamente a los países garantes del Protocolo de Paz, Amistad y Límites firmado en 1942. El presidente Belaúnde le encomendó la Cancillería con el objetivo de dirigir la batalla diplomática e informativa: tanto frente a los países garantes como a la opinión nacional y continental.

Siendo Secretario General de la Presidencia de la República, constaté como Osterling, para esta misión, pudo contar con el asesoramiento de diplomáticos de gran experiencia como los doctores Fernando Schwalb López Adana, Guillermo Hoyos Osores, Luis Marchand y Jorge Morelli Pando, entre otros.

La labor realizada por los diplomáticos peruanos, junto a las fuerzas armadas, logró denunciar ante la opinión internacional y desbaratar la farsa tramada por el gobierno vecino. La designación del conflicto como “Falso Paquisha” evidenció que el Perú fue invadido en su vertiente limítrofe de la cordillera del Cóndor y que tenía el derecho soberano a repelar a la invasión a su territorio.

La segunda edición de “Paginas del Viejo Armario”, constituye un libro autobiográfico y que debe ser leída por las nuevas generaciones de abogados, diplomáticos, internacionalistas, analistas, dado que por su docencia y defensa del Estado de Derecho, a Osterling la nación le haya encomendado altas dignidades como Presidente del Senado y del Congreso de la República, Ministro de Justicia, Decano del Colegio de Abogados, Decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, entre otras importantes responsabilidades, que reflejan que su vocación de jurista ha fructificado en un país que se esmera por fortalecer su democracia.